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Los autónomos tienen hasta el 21 de junio para reclamar los daños ocasionados por el Estado de Alarma

El Tribunal Constitucional plantea declarar el Estado de Alarma como ilegal, lo que significaría que el Gobierno deberá indemnizar a todos los pequeños negocios afectados por la medida

Tras los daños ocasionados con la puesta en marcha del Estado de Alarma, cabe la posibilidad de que el Gobierno deba indemnizar a los negocios que se han visto afectados por dicha medida.

La consideración del Estado de Alarma como ilegal depende de un proyecto de sentencia redactado por uno de los magistrados pertenecientes al Tribunal Constitucional. Se ha considerado el confinamiento estricto y la prohibición del desarrollo de las actividades no esenciales como una práctica inconstitucional. El proyecto de sentencia tendrá su deliberación en el pleno del Alto Tribunal el próximo 22 de junio.

En el caso de que se apruebe el proyecto de sentencia, para que los autónomos puedan acceder a la indemnización, estos deberán presentar una reclamación, por la vía administrativa, antes del lunes 21 de junio.

“Los daños que ha podido causar la paralización de la actividad en los negocios se reclaman al Estado en concepto de responsabilidad patrimonial con la Administración y, según la ley, para demandar esta responsabilidad hay un plazo de un año desde que cesa el daño” subrayó el abogado y director del Área jurídica de ATA -Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-, Carlos Piñero.

Piñero también señala que, en la medida que se declara la inconstitucionalidad sobre la medida, es recomendable que los autónomos afectados vayan iniciando la reclamación donde justifiquen y relacionen sus pérdidas con las restricciones.

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A una semana de vencer el plazo

 El proyecto de sentencia se refiere exclusivamente al primer Estado de Alarma que el Gobierno inició el pasado 14 de marzo de 2020 y que concluyó el 21 de junio de ese mismo año, aprobado con el Real decreto-ley 463/2020, en consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Es por eso por lo que, el plazo para optar a la indemnización vencerá el próximo 21 de junio, un año después de finalizar el primer Estado de Alarma. “Aquellos profesionales que no reclamen dentro de este plazo, no tendrán derecho a solicitar la indemnización, aunque finalmente se declare que se trata de una ley inconstitucional”, comentó Carlos Piñero.

Además, añadió que “la propia normativa prohíbe beneficiarse de esta decisión si previamente no se ha manifestado una reclamación en su contra. Por lo que para beneficiarse de los efectos económicos de esa inconstitucionalidad es obligatorio haber reclamado antes”.

La condición está recogida en el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, donde se especifica que: “si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, se procederá a su indemnización cuando el particular haya obtenido una sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño”.

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¿De qué manera se debe presentar la reclamación?

 Existen dos vías para comenzar un procedimiento de reclamación contra la Administración, que son de oficio o por petición del interesado, sin embargo, para esta situación nunca será de oficio.

 “En este caso no va a ser nunca de oficio, porque esto significa que es la propia Administración quien lo pone en marcha. Por lo que han de ser los autónomos los que inicien el procedimiento” destacó Piñero.

 En primer lugar, el autónomo deberá presentar un escrito al Gobierno en el explique los efectos negativos sobre su negocio del Estado de Alarma y sus restricciones, y alegar que se trata de un procedimiento inconstitucional.

 El escrito se presentará de telemática en el Registro General Electrónico. En el momento que sea rechazado por el Ejecutivo, se dará paso a la vía para acudir a la Audiencia Nacional de los Contencioso-Administrativo, en la cual el juzgado emitirá una sentencia.

 “A lo largo del proceso se abren periodos en los que el autónomo puede presentar toda la documentación que considere necesaria para apoyar y sustentar su reclamación”, explicó el abogado Piñero, También subrayó que, en la medida en que aún el Estado de Alarma no se ha declarado inconstitucional, “probablemente la sentencia será desestimada, pero lo importante es que ese trabajador por cuenta propia podrá solicitar la indemnización al Gobierno en caso de que una sentencia posterior avale su reclamación previa”.

 

Una práctica inconstitucional

El proyecto de sentencia puesto en marcha que establece el Estado de Alarma impuesto por el Gobierno como una medida inconstitucional, es sustentado por la propia Constitución Española.

 “La norma suprema del ordenamiento jurídico español no permite al Gobierno limitar los derechos fundamentales -como la movilidad o la paralización de la actividad productiva- durante el Estado de Alarma, eso sólo puede hacerse bajo un Estado de Excepción” apuntó el socio de ATA.

 El magistrado del Tribunal Constitucional considera el confinamiento como una practica que supone la suspensión de los derechos fundamentales de la población, lo que legalmente solo puede ocurrir bajo un Estado de Excepción.

 “Si finalmente se aprueba una sentencia firme que dicte que el Estado de Alarma es inconstitucional, hay ciertos derechos a los ciudadanos podrán acceder. Entre ellos, la indemnización por pérdida de ingresos a raíz de los cierres obligatorios” concluyó Piñero. 

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