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Algunas Comunidades Autónomas ya han empezado con el pago de las ayudas directas a los autónomos

La Comunidad de Madrid ha sido la primera en empezar con el pago de las ayudas directas. Comunidad Valenciana y Castilla y León han abierto las convocatorias

En marzo de este año, el Gobierno aprobó un paquete de ayudas directas para autónomos y pymes. La medida esta dotada de 11.000 millones de euros, de los cuales, 7000 millones de euros irán a fondo perdido.

El objetivo principal de las ayudas directas es reforzar la solvencia de los negocios y autónomo que se han visto afectados por la pandemia. Los 11.000 millones de euros están divididos en tres paquetes. Uno de ellos, al que le corresponden 7.000 millones de euros, está destinado a transferencias directas no reembolsables a pymes y autónomos. El paquete es gestionado por las Comunidades Autónomas, con la supervisión de la Agencia Tributaria.

Uno de los problemas tras la aprobación por parte del Gobierno de las ayudas directas es su retraso: la mayoría de los gobiernos regionales aún no han abiertos las convocatorias para solicitarlas.

Únicamente, la Comunidad Valenciana y Castilla y León, han abierto las convocatorias. Sin embargo, la Comunidad de Madrid, es la primera autonomía en empezar con el pago de las ayudas directas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, detalló el pasado martes 1 de junio, que ya habían recibido los fondos un total de 8.856 empresas madrileñas, con un importe medio de 3.000 euros.

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¿Quién podrá optar las ayudas directas?

El Gobierno ha establecido una serie de requisitos para que las empresas puedan percibir estas ayudas directas: la empresa no deberá tener ningún domicilio en un paraíso fiscal, no deberá están en un concurso de acreedores, ni deberá haber cesado la actividad en el momento de la solicitud. Además, es necesario estar al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

También, se deberá certificar una caída de ingresos del 30% mínimo, respecto al año 2019. Respecto a esto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó un real decreto en el que incluía un cambio sustancial en el requisito, lo que suponía una extensión de la ayuda: “De manera excepcional, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán otorgar ayudas a empresas viables que en 2019 hayan tenido un resultado negativo en la declaración del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas o haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes como consecuencia de circunstancias excepcionales”.

Por otro lado, el Gobierno ha acordado una serie de límites que las ayudas directas no podrán superar. No superaran los 3.000 euros en el caso de que se trate de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Si los empresarios y los profesionales han tenido una caída del más del 30% en el volumen de sus operaciones en el año 2020 respecto al año 2019, se concederá un ayuda del 40% de la caída a quienes apliquen el régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas o tengan un establecimiento permanente con un máximo de diez empleados; y del 20% del importe de la caída, en el caso de las empresas que tengan un establecimiento con más de diez empelados.

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